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Por Gonzalo Martner desde su página Facebook

Aprobadas decisivas normas constitucionales en economía, empresas públicas, ambiente, minería, aguas y alimentos 

Ya pasaron este sábado en la Convención Constitucional al borrador de la nueva Constitución -que será sometida a consideración de la ciudadanía el 4 de septiembre- materias que permitirán caminar a un nuevo modelo de desarrollo distinto del de tipo concentrador y depredador actualmente vigente. Estas normas son tanto o más importantes, junto a los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, que las que han concentrado la atención mediática en materia de sistema político.

En especial, se aprobó que  “el rol económico del Estado se fundará” en “los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico”, por lo que “el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine”. Se destaca que el Estado “debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados” y que “fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular”.

En materia ambiental, se aprobó que “todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, que “el Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental” y  que “todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, en la forma que determine la ley”. Se agregaron normas de protección de los bienes comunes naturales y de áreas protegidas, junto a humedales, bosques nativos y suelos.

En el tema minero, se retomó lo establecido en la nacionalización de 1971, y que permaneció en la de 1980, pues la Convención despachó al borrador de nueva Constitución el artículo que señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”, con 121 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones. A su vez, con 111 votos a favor, se detalló que “la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”. De esta forma, ya no tendrán base constitucional las concesiones indefinidas que hoy anulan la propiedad pública de los recursos minerales.  Además, “El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros”. 

En materia de aguas, la Convención Constitucional aprobó que “El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza” y que el “Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas”. 

Se agregó que será deber del Estado “asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”.

Todas estas normas son fruto de décadas de debates en el país y constituyen un gran avance para dejar atrás el modelo neoliberal. Son normas de sentido común para el siglo XXI. No atentarán en absoluto contra la actividad económica al servicio de la mayoría, como los medios dominantes han querido presentarlas. Así, la Convención está demostrando que está llevando a cabo con éxito la tarea que el pueblo le encomendó para crear una institucionalidad que favorezca un nuevo ciclo de bienestar equitativo y sostenible en el país y que el nuevo gobierno está llamado a encaminar progresivamente.